La CECE advierte: "En territorios frágiles como Ceuta, el impacto del absentismo se multiplica"

El absentismo laboral vinculado a las bajas médicas ha dejado de ser un fenómeno puntual para transformarse en uno de los principales problemas estructurales del mercado laboral español. Según el último informe de la AIReF, este amenaza directamente la productividad, la sostenibilidad del sistema y la viabilidad de miles de negocios. En territorios con un tejido productivo más frágil, como Ceuta, el impacto se multiplica.

La Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) se ha hecho eco de la información publicada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que “pone cifras a un fenómeno estructural que amenaza la productividad, la sostenibilidad del sistema y la viabilidad de miles de empresas”.

En este sentido, la CECE ha dejado claro que “el absentismo laboral ya es un problema económico de primer orden”.

Trasladando esto al terreno de la ciudad autónoma, la CECE ha indicado, en función de lo que explica la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que “en territorios frágiles como Ceuta, con un tejido productivo reducido, alta dependencia del sector servicios y fuerte peso del empleo público, el impacto del absentismo se multiplica”.

Al respecto, se ha recalcado que “con un PIB aproximado de 1.900 millones de euros, extrapolar de forma prudente el coste agregado nacional implica un impacto anual en torno a los 40 millones de euros”.

En lo que respecta a Ceuta, “esto es casi el doble de lo que la ciudad gastará en inversiones reales (plan de vivienda, rehabilitación de fachadas, plan de barriadas, etc, etc) según el presupuesto para 2026”.

Según lo que se desprender del último informe de la AIReF, “para una pequeña empresa ceutí, una sola baja media de un mes y medio puede suponer un coste directo de 3.000 a 3.500 euros, una cantidad que equivale a varios meses de beneficio”, agregando que “en sectores como la hostelería, dos bajas simultáneas pueden elevar la factura a 8.000–10.000 euros, además de provocar cierres parciales, reducción de horarios y pérdida irreversible de ingresos”.

El crecimiento del gasto en incapacidad temporal

Según el reciente análisis de la AIReF, el crecimiento desmedido de las bajas médicas no solo afecta a las arcas públicas, sino que pone en riesgo la productividad empresarial y la eficiencia de los servicios esenciales.

Las cifras reflejan una tendencia crítica para la Seguridad Social. En 2024, el gasto en bajas alcanzó los 16.500 millones de euros, lo que representa más del 1% del PIB nacional.

Este coste se ha triplicado en solo una década y se sitúa como la segunda partida de gasto más importante del sistema, superada únicamente por las pensiones.

Los indicadores de frecuencia y duración también muestran un deterioro:

• Aumento de procesos: desde 2017, las bajas por contingencias comunes han subido un 60%.

• Mayor duración: la media de cada baja ha pasado de 40 a casi 46 días.

• Concentración del absentismo: el 25% de los trabajadores aglutina el 55% de los procesos, lo que evidencia la cronicidad de ciertas patologías sin una intervención temprana efectiva.

El coste para las empresas y la productividad

El impacto económico total, sumando el gasto público y el privado, supera ya los 35.000 millones de euros anuales. Para el sector privado, el coste directo e indirecto se estima entre 14.000 y 20.000 millones de euros.

Las empresas españolas deben gestionar un incremento del 80% en las bajas de corta duración (menos de 16 días).

Aunque estas no suponen el mayor gasto para el Estado, sí generan una enorme distorsión operativa, obligando a las compañías a asumir salarios, cotizaciones, sustituciones y una evidente pérdida de productividad.

Deficiencias estructurales y control médico

La AIReF señala, de acuerdo con lo que se indica en el comunicado de la CECE, que un fallo de diseño institucional que agrava la situación: la desconexión entre el médico del servicio público (que prescribe la baja) y la Seguridad Social (que asume el coste). Esta falta de incentivos para el control, unida a una inspección médica que interviene tarde, favorece que los procesos se alarguen innecesariamente.

Este escenario no solo drena recursos financieros, sino que deteriora la calidad de los servicios públicos al generar retrasos administrativos y sobrecarga en las plantillas.

En conclusión, España enfrenta un sistema de incapacidad temporal con graves deficiencias de seguimiento que exige una reforma para garantizar la sostenibilidad económica y la confianza ciudadana.