Ceuta dijo sí a la planificación estratégica. ¿Quién la pone en marcha?

Aprovechamos que, durante estos días, la ciudad se encuentra en nivel rojo de peligro por incendios forestales para recordar que, cada pocos meses, Ceuta se despierta con un incendio diferente. Las bonificaciones a la Seguridad Social, la Aduana de Algeciras, un Plan General de Ordenación Urbana que tardó veinte años en aprobarse, el transporte de mercancías peligrosas, la aduana comercial, la tasa de paro, el régimen de viajeros, la carencia de infraestructuras turísticas o la falta de vivienda son solo algunos ejemplos.

Apagamos un fuego y, mientras alguien lo celebra en una fotografía, el siguiente ya comienza a encenderse. La pregunta que deberíamos hacernos como ciudad no es cómo apagaremos el próximo incendio, sino por qué seguimos condenados a vivir permanentemente entre incendios.

La respuesta resulta incómoda, pero no es complicada: nunca hemos decidido, de forma colectiva y con un método definido, qué ciudad queremos ser dentro de diez, veinte o treinta años. Gestionamos el presente a golpe de urgencia porque carecemos de un mapa de futuro.

Una ciudad sin mapa no avanza: sobrevive, resiste y aguanta un poco más. Eso no es gobernar un territorio, sino administrarlo a la espera de que escampe. Llevamos tanto tiempo funcionando de esta manera que ya ni siquiera nos indigna.

Una paradoja que debería avergonzarnos

Comencemos por los números, porque los números no admiten relatos. Ceuta tiene la tasa de actividad más alta de toda España y, al mismo tiempo, la tasa de paro más elevada del país, situada en el 25,47%.

Es decir, tenemos más personas dispuestas a trabajar que casi cualquier otro territorio español y, sin embargo, somos incapaces de proporcionarles un empleo. Además, tres de cada cuatro personas desempleadas tienen baja cualificación y no encuentran sectores intensivos en empleo que les ofrezcan una salida.

No estamos ante una simple anomalía estadística. Es la fotografía de un modelo productivo roto.

Con un producto interior bruto de apenas 1.900 millones de euros, Ceuta sostiene un tejido empresarial atomizado, en el que más del 90% de las empresas son micropymes, y que ha perdido durante los últimos años más de un 10% de sus trabajadores autónomos.

No hablamos de empresas que cierran como consecuencia de una mala gestión. Hablamos de un ecosistema que se estrangula a sí mismo, sometido a una acumulación de sobrecostes que, en cualquier otro territorio de España, resultarían inasumibles y que aquí, sencillamente, hemos normalizado.

El absentismo laboral cuesta a la economía ceutí alrededor de 40 millones de euros al año, casi el doble de lo que la Ciudad Autónoma prevé invertir durante todo 2026 en vivienda, rehabilitación de fachadas y planes de barriadas.

Las trabas aduaneras entre Ceuta y el Puerto de Algeciras generan un sobrecoste de entre 16,8 y 23,1 millones de euros anuales, con un impacto medio de 58.500 euros por empresa.

A ello se suma una burocracia que asfixia a nuestros autónomos y que representa un coste añadido de 9 millones de euros al año, según las cifras conjuntas de ATA y la Confederación de Empresarios de Ceuta.

La suma supera los 70 millones de euros anuales. Son recursos que no se destinan a crecer, invertir o generar empleo, sino a sobrevivir dentro de un sistema que no está diseñado para nosotros.

Decisiones sobre Ceuta que se toman sin Ceuta

Aquí aparece uno de los problemas más graves y, al mismo tiempo, uno de los que menos se aborda con la crudeza que merece: buena parte de las decisiones que condicionan nuestro futuro no se adoptan en Ceuta.

Se toman en Algeciras, Madrid o Bruselas, en despachos donde nadie conoce, ni parece necesitar conocer, cómo funciona realmente esta ciudad.

Un ejemplo reciente lo encontramos en la reorganización del tráfico de mercancías en el Puerto de Algeciras, una decisión que podía obligar a Ceuta a compartir canal con el resto de las exportaciones nacionales.

La medida se aprobó sin que nadie preguntara qué supone perder un ferry para una ciudad que depende de esa conexión para recibir alimentos, medicamentos y materiales de construcción.

La propia Confederación de Empresarios de Ceuta ha tenido que recordar, con un informe sobre la mesa, que Ceuta se encuentra fuera de la Unión Aduanera Europea y que, a efectos comerciales, se nos trata como a un tercer país sin acuerdo con la Unión Europea.

No se trata de una singularidad jurídica menor. Significa que nuestra economía depende de normas diseñadas por y para quienes no viven aquí.

Algo similar sucede con las bonificaciones a la Seguridad Social. El Real Decreto-ley 1/2023 eliminó de un plumazo el carácter territorial de un instrumento que, durante décadas, había constituido una de las columnas vertebrales del Régimen Económico y Fiscal de Ceuta.

En su lugar se implantó un modelo homogéneo, diseñado desde la Península y ajeno a nuestra realidad. En la actualidad, ese régimen, aunque haya sido parcialmente rectificado, tiene fecha de caducidad en 2026, y nadie en Madrid ha ofrecido garantías documentadas de que vaya a ser prorrogado.

Una ciudad que no puede blindar ni siquiera su principal herramienta de competitividad no está gobernando su propio destino. Lo está pidiendo prestado, año tras año, a quienes deciden desde otro lugar.

Un sector público sobredimensionado

Existe una realidad que en Ceuta cuesta pronunciar en voz alta, pero que debemos abordar sin rodeos: el sector público de la ciudad ha crecido hasta convertirse en un competidor del sector privado, en lugar de actuar como su complemento.

Cuando el empleo público absorbe una proporción de la actividad económica muy superior a la de cualquier territorio comparable de España, no está limitándose a ayudar a sostener la economía local.

También está encareciendo el coste de la mano de obra, elevando las expectativas salariales por encima de lo que la empresa privada puede ofrecer y vaciando de talento a un tejido productivo que ya nace pequeño y frágil.

No se trata de una crítica ideológica al empleo público. Es una constatación técnica: una economía en la que el Estado compite con las empresas por los mismos trabajadores, ofreciendo condiciones que la iniciativa privada no puede igualar, es una economía que difícilmente conseguirá diversificarse.

Mientras sigamos permitiendo que la seguridad y la previsibilidad del empleo público sean, de hecho, la única opción atractiva para buena parte de nuestros jóvenes, continuaremos condenando a nuestras empresas a competir en desventaja por el mismo talento que necesitan para crecer.

El resultado de este modelo está delante de nuestros ojos: miles de jóvenes que entran y salen de programas subvencionados, acumulan una experiencia fragmentada y enlazan contratos de corta duración, sin que ninguna empresa privada llegue a ofrecerles una carrera profesional real.

Financiamos la gestión del desempleo en lugar de financiar la creación de empresas. De esta manera, seguiremos teniendo la tasa de paro más elevada de España a pesar de contar con la tasa de actividad más alta.

No es una casualidad. Es la consecuencia directa y previsible de gastar mal, aunque se gaste mucho.

Una ciudad sin estrategia de vivienda

A todo ello se añade la vivienda, un problema que todos mencionan, pero que nadie planifica.

Ceuta es una ciudad con un territorio limitado por definición. Precisamente por ello, debería estar más obligada que ninguna otra a disponer de una estrategia de construcción y renovación residencial diseñada con una perspectiva de veinte años.

No la tenemos.

Lo que existe son actuaciones puntuales, anuncios grandilocuentes que se prolongan durante años y presupuestos anuales destinados a la rehabilitación de fachadas que apenas arañan la superficie del problema.

No existe un plan de vivienda a largo plazo, una previsión rigurosa sobre dónde y cómo vivirá la próxima generación de ceutíes, ni una estrategia que combine la rehabilitación del parque residencial existente, la optimización del escaso suelo disponible y nuevas fórmulas habitacionales adaptadas a un territorio que no puede crecer horizontalmente.

Seguimos improvisando sobre un recurso que, precisamente por ser escaso, exige más planificación que ningún otro.

Cada año que transcurre sin una estrategia de vivienda a veinte años es un año más en el que expulsamos, silenciosamente, a la generación que debería permanecer en Ceuta.

La Confederación de Empresarios ya ha empezado a construir

En medio de este escenario, la Confederación de Empresarios de Ceuta ha puesto sobre la mesa un Proyecto de Planificación Estratégica inspirado expresamente en la experiencia de Málaga.

La decisión de traer a Ceuta a la responsable de la Fundación CIEDES, precisamente a una de las personas que ya participó en este proceso, sentarse a escuchar y abrir la iniciativa al conjunto de la sociedad civil no ha sido un gesto cosmético.

Ha sido el primer paso real hacia un cambio de cultura: pasar de reaccionar a planificar.

Ese primer paso tuvo fecha y testigos. El 18 de diciembre de 2025, la Biblioteca Pública del Estado Adolfo Suárez se quedó pequeña.

La CECE llevó hasta Ceuta a María del Carmen García Peña, directora gerente de la Fundación CIEDES y responsable del Plan Estratégico de Málaga, para explicar, bajo el título “El Plan Estratégico de Málaga, inspirando el desarrollo sostenible compartido de Ceuta”, cómo una ciudad puede decidir, con método, dejar atrás un modelo agotado.

A aquella cita no acudieron únicamente empresarios. También estuvieron presentes consejeros, representantes políticos y sindicales, docentes universitarios, investigadores, militares, organizaciones no gubernamentales, asociaciones vecinales, organismos públicos y privados y representantes de la sociedad civil.

Todos compartieron una misma sala, escucharon la misma propuesta y la respaldaron sin fisuras.

No fue una charla más. Fue una demostración verificable, con nombres y apellidos, de que en Ceuta ya existe un consenso transversal —sindical, empresarial, civil, político e institucional— favorable a la planificación estratégica.

La propia CECE llevaba meses trabajando con la Ciudad Autónoma en un documento que plantea la creación de una fundación dotada de un patronato, un equipo director y un equipo motor, articulada en grandes ámbitos de actuación que abarcan desde la vivienda hasta el desarrollo económico.

El Gobierno de Ceuta, por su parte, también ha expresado públicamente su disposición a sumarse a este proceso. Lo ha hecho en la Mesa de Diálogo Social.

El problema no se encuentra, por tanto, en las voluntades declaradas. El respaldo social existe, está medido y se encuentra documentado.

Lo que todavía no existe es la decisión política necesaria para transformar ese respaldo en un organismo real, dotado de presupuesto, calendario y capacidad de ejecución.

Ha transcurrido más de medio año desde aquella tarde en la Biblioteca Pública del Estado Adolfo Suárez sin que ese consenso se haya materializado en una estructura estable de planificación.

Un consenso que no se activa a tiempo corre el riesgo de convertirse en otra oportunidad perdida que Ceuta no puede permitirse.

Por qué esto no puede quedarse en un esfuerzo empresarial

Existe una cuestión que no podemos permitirnos ignorar: la planificación estratégica de una ciudad no puede ser sostenida en solitario por la patronal.

La Confederación puede iniciar el proceso, impulsarlo y elaborar un diagnóstico riguroso, como ya ha hecho. Sin embargo, una estrategia de ciudad que no cuente con el impulso decidido, sostenido y valiente del Gobierno de Ceuta está condenada a quedarse en un documento bienintencionado guardado en un cajón.

O, aún peor, a convertirse en un documento figurativo que se presente a bombo y platillo para terminar en ese mismo cajón.

El Gobierno de la Ciudad Autónoma dispone de capacidades que ninguna confederación empresarial, por comprometida que esté, puede sustituir: la capacidad normativa y reglamentaria, la interlocución institucional con el Estado y con Europa, la legitimidad democrática para convocar al conjunto de la sociedad y los presupuestos necesarios para ejecutar aquello que se planifique.

Sin ese impulso político, decidido y sin excusas, la planificación estratégica corre el riesgo de convertirse en otro informe técnico, elogiado durante su presentación y olvidado seis meses después.

Ceuta ya no puede permitirse otro documento olvidado.

Ni el Gobierno puede diseñar el futuro de la ciudad de espaldas al tejido productivo que la sostiene, ni los empresarios pueden reclamar un modelo económico sólido sin sentarse, codo con codo, junto a la Administración, los sindicatos y la sociedad civil para construirlo conjuntamente.

Aunque haya sido de forma puntual, lo hemos comprobado en la Mesa de Diálogo Social. Cuando Administración, empresarios y sindicatos defienden una misma posición —como la reforma del régimen fiscal o la estabilidad de las bonificaciones—, la voz de Ceuta adquiere un peso real en Madrid.

Cuando cada parte actúa por separado, Ceuta no pesa nada. Se diluye.

Quienes toman las decisiones fuera aprovechan precisamente esa división para no tener que responder ante nadie.

Lo que realmente está en juego

Cada uno de los problemas de Ceuta, considerado de manera aislada, sería motivo suficiente para desarrollar un plan de choque.

Todos juntos configuran el diagnóstico de una ciudad que lleva demasiado tiempo funcionando sin una guía clara y consensuada.

Lo más grave no es únicamente que estos problemas existan. Es que llevan años denunciados, documentados y cuantificados en informes técnicos, pero continúan sin integrarse en una estrategia común que los aborde de una vez, estableciendo un orden de prioridades y fechas concretas de cumplimiento.

No estamos hablando de un debate técnico entre economistas.

Hablamos de si dentro de diez años Ceuta contará con jóvenes que decidan quedarse a trabajar aquí o si continuarán marchándose porque no encuentran futuro, vivienda ni un empleo digno.

Hablamos de si nuestras pequeñas empresas podrán crecer o si seguirán atrapadas en la supervivencia diaria, compitiendo en desventaja frente a un sector público sobredimensionado.

Hablamos de si continuaremos dependiendo, de una forma casi colonial, de que Algeciras permita que un camión llegue a tiempo, o si finalmente exigiremos tener voz en cada foro en el que se adoptan decisiones sobre nosotros sin contar con nosotros.

Hablamos de si Ceuta será una ciudad capaz de decidir su propio modelo económico —turístico, urbanístico, comercial, tecnológico, logístico o una combinación ordenada de todos ellos— o si se limitará a encajar, uno detrás de otro y para siempre, los golpes que llegan desde fuera.

La planificación estratégica no es una solución mágica para ninguno de estos problemas considerados por separado.

Es, sencillamente, la única forma seria de dejar de resolverlos uno a uno, tarde, mal y siempre bajo presión.

Es la diferencia entre una ciudad que reacciona y una ciudad que decide. Entre una ciudad que pide permiso para existir y una ciudad que exige el lugar que le corresponde.

Ceuta ha demostrado, a través de su tejido empresarial, que sabe diagnosticar sus problemas con rigor y con cifras que nadie ha podido rebatir.

Ahora necesita que esa misma seriedad se traduzca en un compromiso político real, sostenido más allá de una o dos legislaturas.

También necesita que toda la ciudad —instituciones, empresarios, sindicatos, universidad y sociedad civil— comprenda de una vez que esta es la última oportunidad para construir, entre todos, el mapa que llevamos treinta años sin dibujar.

Si no ponemos en marcha de inmediato una planificación estratégica, con método, valentía política y la implicación de toda la ciudad, seguiremos apagando incendios.

Y una ciudad que únicamente se dedica a apagar incendios, tarde o temprano, deja de tener algo que merezca la pena salvar.